El reformismo civil moderado (1956-1968)

El Reformismo civil moderado (1956-1968)

Manuel Prado Ugarteche 

Asumió el gobierno por segunda vez el 28 de julio de 1956, para cumplir un periodo de seis años. Cumpliendo la promesa hecha a los apristas, derogó la Ley de Seguridad Interior, comprendiendo en la amnistía subsiguiente a todos los presos políticos y a los que se hallaban exiliados. Por ello esta nueva gestión fue llamada el «período de la convivencia», ya que se produjo un entendimiento entre el pradismo y el aprismo.

Este segundo gobierno de Prado se desarrolló en un clima de agitación motivada principalmente por la crisis económica. Para enfrentarla nombró como ministro de Hacienda y presidente del Consejo de Ministros a Pedro G. Beltrán, el director del diario La Prensa, hasta entonces tenaz crítico del gobierno (1959). Beltrán equilibró las finanzas públicas y estabiliza la moneda peruana, no sin antes adoptar medidas antipopulares de corte liberal, como el alza de la gasolina, el recorte de los subsidios a los alimentos y el aumento de la carga tributaria.

Por esos años se desarrollaron mucho las migraciones de la sierra y se incrementaron las barriadas en torno a Lima, al punto de hablarse del “cinturón de miseria” que empezaba a rodear la capital. También por entonces empezó el despegue de la industria de la harina de pescado, hasta convertir al Perú en la primera potencia pesquera del planeta, mérito que se debió a un talentoso empresario peruano: Luis Banchero Rossi.

Al aproximarse el final del gobierno de Prado, el descontento popular era innegable. En medio de ese ambiente se convocaron las elecciones generales de 1962, siendo los principales candidatos los siguientes:

• Víctor Raúl Haya de la Torre, por el Partido Aprista.
• El arquitecto Fernando Belaunde Terry, por el partido Acción Popular (AP).
• El general y expresidente Manuel A. Odría, por su partido Unión Nacional Odriísta (UNO).

Las elecciones se realizaron el 10 de junio de 1962. Al finalizar el escrutinio ningún candidato había obtenido el tercio de votos que exigía la Constitución Política vigente, debiendo entonces el Congreso elegir entre los candidatos que más votación habían obtenido, que eran los tres arriba mencionados. La situación obligaba a un pacto entre por lo menos dos de estos tres principales contrincantes. Belaúnde no quiso transar con los apristas ni con los odriístas, por lo que dejó el campo abierto para que pactaran los dos enemigos acérrimos, Haya y Odría, acordándose que este último asumiría la presidencia de la república. Pero al haberse denunciado fraude electoral en algunos departamentos, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, exigió la anulación de las elecciones. Al recibir una respuesta negativa de parte del Jurado Nacional de Elecciones, los militares depusieron al presidente Prado en la madrugada del 18 de julio de 1962, cuando faltaban solo once días para finalizar su periodo presidencial.

Se conformó una Junta Militar de Gobierno, presidida por el general Ricardo Pérez Godoy y luego por el general Nicolás Lindley López, que anuló las elecciones y convocó a otras nuevas. Esta Junta tuvo un carácter reformista, al punto que esbozó una reforma agraria y creó instituciones destinadas a la planificación estatal y a la promoción cultural. Estas medidas tenían como objetivo realizar una serie de reformas ante el temor de que el descontento social pudiera ser canalizado por sectores radicales de izquierda.

Las nuevas elecciones se realizaron el 9 de junio de 1963, con la participación de los tres candidatos importantes de la anteriores elecciones, es decir Haya de la Torre, Belaunde y Odría. Pero esta vez funcionó en contra de Haya de la Torre la teoría del «voto perdido»: para muchos era muy probable que si ganaba nuevamente el APRA los militares insistirían en no reconocer el resultado, por lo que apostaron por Belaunde, que resultó así triunfador.

El arquitecto Fernando Belaunde Terry resultó así elegido presidente constitucional para el período 1963-1969. Su obra estuvo orientada mayormente a las grandes obras públicas, preferentemente en el interior del país: construcción de carreteras (principalmente la Marginal de la Selva), aeropuertos, conjuntos habitacionales, reservorios, etc. Asimismo, restituyó el origen democrático de las autoridades municipales e intentó llevar a cabo una serie de reformas (incluida una reforma agraria integral).¹²⁵​ Sin embargo, su labor fue obstaculizada constantemente en el parlamento por la oposición de los odriístas y apristas, que se aliaron formando la llamada COALICIÓN, que puso en minoría parlamentaria a los representantes gobiernistas de Acción Popular y la Democracia Cristiana, que formaron la llamada ALIANZA.​ En el interior del país se sucedieron los conflictos sociales y la acción de guerrillas de inspiración comunista.

En cuanto a política económica, Belaunde no pudo controlar la inflación y la moneda nacional sufrió una drástica devaluación el 1 de septiembre de 1967, lo que, lógicamente, ocasionó un tremendo malestar social.​ Asimismo se elevó la deuda externa. Se acrecentaron las migraciones internas, del campo a la ciudad, especialmente en Lima, donde surgieron numerosos barrios marginales, que se denominaron después «pueblos jóvenes», que agudizaron el problema de la vivienda y aumentaron el índice de desocupación.

Belaunde encaró la resolución del viejo problema de La Brea y Pariñas. Este era el nombre de unos yacimientos petrolíferos situados en el norte y explotados entonces por una compañía estadounidense, la International Petroleum Company (IPC). Durante décadas esta compañía (y su antecesora británica), se habían negado a pagar al Estado el monto real de los impuestos por explotación, usando a su favor un error inicial de parte del Estado en la medición de las pertenencias que explotaban.​ Este viejo litigio finalizó el 13 de agosto de 1968 con la suscripción del Acta de Talara, por la cual los yacimientos de La Brea y Pariñas retornaban al Estado peruano, mientras que la IPC conservaba solo la vieja refinería de Talara. Sin embargo, estalló un escándalo en torno a la desaparición de una página del contrato de precios de petróleo crudo entre la Empresa Petrolera Fiscal (entidad estatal) y la IPC (10 de septiembre de 1968), lo que levantó la suspicacia, atizada por los medios periodísticos. Esa fue la famosa «Página Once», que sirvió de pretexto para que un grupo de oficiales del ejército, encabezados por el general Juan Velasco Alvarado, dieran un golpe de estado menos de un mes después, acusando al gobierno de «entreguismo».